Cómo enfrentar la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños: Política de estado, políticas públicas y la ley[1]

Mta. Teresa C. Ulloa Ziáurriz[2]

Cada año mundialmente alrededor de 4 millones de personas – 1 millón de niñas/os, 700.000 mujeres y 300.000 hombres – sufren diversas situaciones de esclavitud y servidumbre sexual. Hace más de 10 años, Naciones Unidas  estimo, que proxenetas, contrabandistas, y oficiales corruptos de servicios públicos, dedicados a la trata de personas a nivel internacional obtuvieron 7 mil millones de dólares de ganancias anuales de sus actividades. La trata, ahora es más lucrativa que el tráfico internacional de armas. (USAID, 1997)

La trata de personas es una violación a los derechos humanos y una problemática creciente en el continente americano. El Informe sobre trata del Departamento de Estado de Estados Unidos revela que en 2004, el 39% de las víctimas involucradas en casos llevados ante la corte de Estados Unidos provenían de Perú y un 17% de México. Desafortunadamente no hay estadísticas similares en otros países de América Latina. Sin embargo, evidencias  e informes de organizaciones que trabajan en este tema han identificado una creciente problemática de la trata de personas.

Por ello la trata de personas es uno de los retos más grandes en la realización de los Derechos Humanos y de las políticas de desarrollo, porque además de tener altos costos humanos, sociales y económicos, priva de una manera brutal a las naciones de recursos humanos vitales para su desarrollo. (GTZ, 2003)

Actualmente el problema crece adquiriendo dimensiones más graves en el reciente contexto de la globalización:

  • En alcance y envergadura;
  • En mercados y perfiles de las personas tratadas;
  • En servicios por redes de trata extensos;
  • En mecanismos diversificados y sofisticados como el engaño, la fuerza o la seducción inclusive a través del internet;
  • Apoyados o tolerados por las estructuras oficiales e ignoradas por la opinión pública.

Intentamos poner sobre la mesa la necesidad de enfrentar el delito de trata de personas en Latinoamérica y el Caribe, desde una política de estado, o sea una política que trascienda los intereses partidarios y de los gobiernos en turno, para convertirse en una postura que asume el estado y la sociedad frente a este fenómeno que viola los derechos fundamentales de las víctimas, buscando sus causas y sus consecuencias, a partir de diagnósticos nacionales.

¿Qué es una Política de Estado?

Una política de Estado es algo que está en nuestra región muy de moda,  es toda política que un gobierno desea asumir y poner en marcha de manera permanente, para que trascienda a través del tiempo sin que se vea afectada por uno o varios cambios de gobierno. La política de gobierno dura mientras esté vigente el gobierno que la concibió, mientras que la política de Estado obedece a un interés fundamental del país y sus ciudadanas y ciudadanos, por lo que debe conservarse en forma permanente…la política de defensa, por ejemplo, la política de vivienda, la política de educación o de lucha contra el narcotráfico, todas ellas por la importancia crucial que comportan para un país, deben ser y de hecho son políticas de Estado y no una mera política de gobierno.

Una vez que cada país ha adoptado una política de estado, es mucho más fácil diseñar el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y las estrategias que se deben implementar, reconociendo, por ejemplo:

  1. Si la existencia de la prostitución y otras formas de explotación sexual, o la explotación laboral, el trabajo forzado, o la servidumbre, o los usos y costumbres de los pueblos indígenas son detonantes de la trata,.
  1. O si el hecho de que las mujeres sigan teniendo un estatus inferior en la sociedad las hace más vulnerables no sólo a la trata con propósitos de explotación sexual, sino a la explotación laboral y a vivir niveles extremos de violencia, matrimonios serviles o forzados, a ser vendidas y compradas, etc.
  1. En el marco del respeto a los derechos humanos y la buena gobernanza, se debe analizar si el hecho de ejercer la libertad individual está o no limitada por la libertad de las y los demás, y si el ejercicio de la propia libertad abona o profundiza en perpetuar estereotipos que reducen a las mujeres y niñas a objetos para el placer sexual de los hombres.
  1. Si los Estados Latinoamericanos y Caribeños no logran incluir en su análisis y diagnóstico el papel que juegan las redes de complicidad entre el crimen organizado, el poder político y el poder económico y la profunda corrupción que concitan los millones de dólares que produce el segundo negocio ilícito más rentable del mundo.
  1. Si nuestros Gobiernos se niegan a reconocer el involucramiento del crimen organizado nacional y trasnacional en este delito que ha resultado un negocio más redituable y menos riesgoso que el tráfico de drogas, será muy difícil enfrentarlo, prevenirlo y erradicarlo.

¿Qué es un Plan Nacional de Lucha contra la Trata?

El Plan Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas es un plan que tiene una duración pre-establecida, que define Estrategias, Programas, y Acciones y que debe ir aparejada con las reformas legislativas necesarias y los recursos económicos para ponerlo en práctica.  Esto es, la Ley debe emanar del Plan Nacional de Lucha contra la Trata y no a la inversa.

También incluye:

  1. El necesario diseño de políticas de prevención y persecución del delito de trata de personas y delitos conexos y la protección y asistencia a víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos del delito, que puede incluir a quienes habiendo sido integrantes de la delincuencia organizada se permitan rendir su testimonio y colaborar en el desmantelamiento de las redes criminales.
  1. Si realmente en América Latina y el Caribe existiera voluntad política para prevenir, combatir y sancionar la trata de personas, ya existirían programas especialmente diseñados para combatir las causas estructurales y no sólo una serie de paliativos que no van a resolver el problema.  Entre otros, garantizar los derechos sociales, económicos y culturalesles a todas y todos los ciudadanos de nuestra América, dotándolos de mecanismos de exigibilidad y justiciabiidad.
  1. Se debe contar con datos fidedignos y una proyección del comportamiento y expansión del delito, partiendo de los datos demográficos y criminalísticos de personas desaparecidas, y reduciendo los términos de búsqueda. (Sentencia COIDH Campo Algodonero 2010).
  1. Detectar los sitios, comunidades o ciudades que cuentan con mayores niveles de marginación y así diseñar proyectos de desarrollo local que garanticen oportunidades de vida digna a todas y todos sus habitantes utilizando las 6 vertientes de lo que la academia ha definido como necesarias para garantizar el desarrollo social:

a)    Creación o reforzamiento de la ciudadanía social.

 

b)    La igualdad de género y la equidad garantizando a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas las oportunidades para una vida digna tomando en cuenta sus necesidades.

 

c)    Medidas compensatorias temporales, que deben aplicarse en tanto se adquieren las habilidades necesarias para remontar las condiciones de exclusión social y económica.

 

d)    Construcción y reforzamiento de las redes sociales de apoyo.

 

e)    Acercar los servicios básicos a quien más los necesita, y,

 

f)      Finalmente, el desarrollo económico.

 

Acciones mínimas que deben generar oportunidades y mecanismos que permitan arraigar a las personas en sus comunidades de origen y reducir el riesgo de ser víctimas de trata, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.

  1. El combate a la violencia contra las mujeres y las niñas y programas para su empoderamiento tendientes a la igualdad de trato, de oportunidades y de resultados.
  1. Reconocer que la violencia contra las mujeres “ss un mecanismo para mantener la autoridad de los hombres, reforzando las normas patriarcales vigentes y, en consecuencia, para rastrear los factores que convergen con ella, hay que pensar en un contexto social amplio como el de las relaciones de poder”.
  1. En ese sentido, el papel de la cultura es una de las principales causas de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Una de esas expresiones es el feminicidio, que puede ser enfrentado desde la cultura, entendida ésta como una red de procesos, relaciones de poder y discursos cambiantes.
  1. Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas.  Crímenes en situaciones de conflictos armados o guerras; en la calle, relacionados con violaciones o con el crimen organizado, la prostitución o la pornografía snuff; o cometidos por sus maridos, parejas, ex parejas. Todos, crímenes ligados a la sexualidad, en donde el factor de riesgo es ser mujer o niña.

Mientras que el concepto de violencia contra las mujeres tiene ya varias décadas, el de feminicidio es más reciente.  Y a mi manera de ver, se trata del concepto de genocidio, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, en este caso, las mujeres y las niñas.

El concepto es útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en las desigualdades de género y cuestiona los argumentos que tienden a disculpar y a representar a los agresores como “locos” o a concebir estas muertes como “crímenes pasionales”, o bien, a atenuar su importancia en el caso de situaciones de conflicto o guerra.  Tanto el concepto de “violaciones en la guerra” como el de “crimen pasional” perpetúan la idea de que el criminal actúa poseído por fuerzas exteriores, inmanejables por él —el amor, la pasión, la venganza—, que la situación lo sobrepasa, que ha cometido actos que no controla, o muchas veces, que son justificados en el marco de otros crímenes, desde una visión absolutamente patriarcal del derecho.

El feminicidio debe ser comprendido en el contexto más amplio de las relaciones de dominio y control masculino sobre las mujeres, relaciones naturalizadas en la cultura patriarcal, en sus múltiples mecanismos de violentar, silenciar y permitir su impunidad. Y así como la sociedad disculpa; quienes interpretan las leyes, también disculpan.

Algunos de esos crímenes, como los que se dan en el marco de las relaciones personales, en los feminicidios íntimos, son disculpados con el argumento de la emoción violenta, la pasión, etc. Esta situación no hace más que reforzar la impunidad de los femicidios.

En consecuencia, hasta tanto no se haga visible y se comprenda su gravedad, no habrá sanción efectiva.

Las luchas de los Movimientos de Mujeres de más de tres décadas culminaron con el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como un obstáculo que impide la democracia, el desarrollo y la paz. Se han dado pasos importantes en algunos temas –violencia conyugal, violaciones– pero otros temas como la prostitución siguen siendo totalmente banalizados, siendo que es una forma grave de violencia contra las mujeres y las niñas, que en muchas ocasiones las lleva hasta la muerte, o la trata de personas, en donde se les exige probar que fueron víctimas por amenaza, uso de la fuerza, engaño, abuso de autoridad, o  abuso de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos.

  1. Se debe reconocer que la prostitución y la pornografía son, así mismo, manifestaciones de violencia contra las mujeres, en tanto, desde la cultura patriarcal, permiten perpetuar estereotipos como que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el placer sexual de los pobres hombres, que no pueden contener sus irracionales brotes hormonales.  La prostitución es la violencia más antigua que se ha perpetrado contra los cuerpos de las mujeres y las niñas, es un atentado contra su dignidad e integridad corporal y un abuso de poder que deja daños físicos y emocionales profundos.

En suma, en el sistema social patriarcal, basado en las diferencias de sexo, posición económica, etnia, edad, discapacidad, o diversidad sexual, se hacen presentes en este tema, ya que existen sólo dos formas de colonizar los cuerpos de las mujeres, a través de la propiedad individual del cuerpo de la mujer-esposa, mujer-madre, mujer-hija, -el matrimonio/la familia- o a través de la propiedad colectiva de su cuerpo, la prostitución.

Entre las formas más recientemente reconocidas hay que señalar los feminicidios en las guerras, en muchas ocasiones asociados a violaciones masivas, como los ocurridos en la ex Yugoslavia, Ruanda, República Democrática del Congo, por citar sólo algunos ejemplos, que dieron lugar a respuestas de los organismos internacionales, que pretenden poner fin a su impunidad. O como en México y Guatemala que ahora se invisibilisan como parte del daño colateral que produce la lucha contra el narcotráfico.

Queda mucho por hacer para que los logros a nivel internacional y a nivel de las legislaciones nacionales se conviertan en herramientas, recursos y garantías reales, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Así mismo, cuando se ha definido la política de estado y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata debe derivarse la legislación especializada para prevenir, sancionar y combatir la trata de personas, y la asistencia y protección de las víctimas, buscando que sea una Ley integral, que facilite la persecución del delito, que distribuya competencias y establezca los derechos de las víctimas y posibles víctimas, los retos en la persecución del delito y la necesaria protección y asistencia a víctimas, ofendidos y testigos, que hasta el momento no se ha previsto en nuestra Región, y que pudiera incluir, inclusive, programas de cambio de identidad y reubicación nacional o internacional, además de medidas de protección durante el procedimiento penal, como:

  1. Usar las declaraciones escritas hechas ante el Fiscal o Ministerio Púbico o filmarlas o grabarlas, para evitar la confrontación de víctima con el perpetrador.
  1. Declaración o testimonio a través de video conferencia o usando otras técnicas de comunicación remota.
  1. Usar la Cámara de Hessel para que las víctimas, ofendidos o testigos rindan su declaración.
  1. Utilizar técnicas  para distorsionar la voz y la cara.
  1. Retirar al indiciado de la Corte o Juzgado para que la víctima rinda su testimonio.
  1. Utilizar la total secrecía de los datos de la víctima, ofendido y testigos o testimonio anónimo.

Los requisitos mínimos que debería tener una Ley integral contra la trata de personas, serían:

  1. Evitar que la carga de la prueba recaiga en la víctima, lo que promueve la impunidad, esto sólo se logra dejando la fuerza, el engaño, la coacción, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, etc., como agravantes del delito y no como medio comisivo.
  1. Igual tratamiento se le debe dar al hecho de que la víctima sea una persona menor de 18 años, o con discapacidad, o mayor de 60 años, o que pertenezca a un pueblo indígena u originario.
  1. El consentimiento otorgado por la víctima no debe ser causa excluyente de la responsabilidad penal y se debe tipificar con toda claridad que la trata termina cuando empieza la explotación y que por lo tanto se deben aplicar las reglas de concurso de delitos.
  1. Además debe hacer visible –a través de programas de educación y sensibilización– y criminalizar la demanda, el verdadero motor de la trata de personas y el actor más protegido a través de la historia, situación muy conveniente para el patriarcado.

Es de observar que en nuestra región se han agravado las penas contra el secuestro y esto no ha sido así en el delito de trata de personas, debe ser porque las víctimas del secuestro son gentes que cuentan con recursos económicos y las víctimas de trata, en su mayoría son personas, especialmente mujeres y niñas pobres, en condiciones de marginación, que han enfrentado falta de oportunidades, violencia y discriminación de género.  Así que el discurso internacional no se ha visto reflejado en hechos concretos, claros y efectivos que muestren una verdadera voluntad política para la prevención y combate de este delito.

  1. Una Ley Integral y efectiva debe incluir a los medios de comunicación que promueven la explotación sexual de las mujeres y niñas.
  2. Prohibir a los tres poderes y los tres órdenes de gobierno contratar publicidad o inserciones pagadas en medios que publican anuncios de contactos sexuales.
  3. Debe de prohibir las páginas web que promocionan servicios o productos de la trata de personas.
  4. Se debe obligar a todos los servicios de internet a contar con control parental que no permita el acceso de los usuarios a estas páginas.
  5. La tentativa.
  6. La complicidad en cualquier forma o a través de cualquier medio y
  7. A quien dirige a otros para la realización de las acciones típicas.

Un claro ejemplo es el hecho de que el Gobierno Mexicano no acepte federalizar el delito, porque habría demasiadas víctimas de explotación laboral, y no tendría recursos para atenderlos, o bien el Plan Nacional que están a punto de aprobar que no cuenta con una sola estrategia, política o acción que se haya diseñado específicamente para la prevención y persecución del este delito y sus delitos conexos, o para su prevención y mucho menos para el rescate, protección y asistencia a sus víctimas.

11.    Debe incluir, así mismo, un período de espera o reflexión a favor de la víctima de trata, lo que significa que se le debe otorgar a las víctimas un período para que se restablezca y pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante ese periodo, que puede ir de uno a seis meses, además de ofrecer a la víctima alojamiento digno, servicios médicos de calidad y hasta su total recuperación, tratamiento psicológico y psiquiátrico, si fuera el caso, se les deben garantizar medidas humanitarias que faciliten la reunificación familiar, medidas eficientes de protección y seguridad para la víctima y sus familiares, de lo contrario las víctimas no se atreverán a denunciar por miedo a lo que pueda sucederles.

Por ello consideramos que es necesario enfrentar el delito de trata de personas en Latinoamérica y el Caribe, con políticas públicas coherentes y consistentes, formuladas e implementadas por la acción gubernamental en la búsqueda de soluciones a este problema público que afectan a la sociedad económica, social y políticamente. Adoptando políticas de Estado, y diseñando Planes Nacionales de Lucha contra la Trata y estrategias que se deben implementar, reconociendo la existencia de la prostitución y otras formas de explotación sexual, o la explotación laboral, o los usos y costumbres de permiten o perpetuán la trata, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La trata de personas no desaparece con negarla, con cerrar los ojos como lo acaba de hacer el Jefe de Gabinete de la República de Argentina, después de graves recomendaciones y conclusiones de la Relatora Especial de los Derechos de las Víctimas de Trata de Personas de la ONU, inclusive agrediendo a una de nuestras Co-Fundadoras, Sarita Torres, y a la Diputada Nacional Fernanda Gil, por su perseverancia y seguimiento de la evolución de la trata en la Argentina, acusándolas de haber entregado información falsa a la Relatora.

En suma, consideramos que es imprescindible, si realmente existe voluntad política para combatir la trata de personas poner en marcha las siguientes recomendaciones, fruto de la Reunión Preparatoria de la Sociedad Civil hacia la Segunda Reunión de Altas Autoridades de los Países Miembros de la OEA sobre Trata de Personas (OEA 2009):

  • Resaltamos que la utilización de la técnica de investigación de mapeo geográfico y social del delito de trata de personas ha probado ser, en algunos países, una buena práctica para fortalecer la capacidad del Estado para afrontar éste delito.
  • Destacamos la importancia del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y del Protocolo de Palermo, y otros instrumentos internacionales, como catalizadores del trabajo para enfrentar el delito de la trata de personas.
  • Destacamos que, algunos Estados, han reconocido la importancia de coordinar esfuerzos entre las instituciones del Estado entre sí, y entre éstas y la sociedad civil, y que han implementado mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial para la lucha contra la trata de personas. 

Desafíos y Recomendaciones Generales/Transversales:

  1. En la lucha contra la trata de personas debe prevalecer un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género, y no sólo de combate al crimen organizado. Asimismo, en el centro de toda política debe estar el ser humano, su dignidad y la restitución de sus derechos.
  1. Es necesario establecer un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño institucional de lucha contra la trata de personas, con indicadores verificables de tipo estructural, de proceso y de resultados, en temas de prevención, protección, asistencia y restitución de derechos de las víctimas, y de persecución del delito, con criterios de eficacia, eficiencia, efectividad e impacto.
  1. La voluntad política de los Estados en la lucha contra la trata de personas se mide no sólo en la formulación de leyes y programas, sino también en los recursos destinados para su aplicación efectiva.

Desafíos y recomendaciones que se presentan en las áreas de: persecución del delito de trata de personas, administración de justicia y estrategias de cooperación internacional y de fortalecimiento institucional:

  1. Existe una notable falta de condenas a tratantes. Se debe asegurar una mayor adecuación a las disposiciones del Protocolo de Palermo, y otros instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, a partir de la Convención de Viena, cumpliendo armoniacamente todos los compromisos ratificados y vinculantes sobre la trata de personas en la tipificación del delito de trata de personas, particularmente en cuanto a:

a)          Tipificar la trata interna.

b)          Ampliar el marco jurídico penal ya existente a uno integral con perspectiva de género.

c)           Tipificar todas las manifestaciones de la trata de personas.

d)          No condicionar la protección de la víctima a su colaboración en la investigación y el procesamiento del delito;

e)          Fortalecer y uniformar las penas;

f)          Considerar el comiso y decomiso de bienes frutos del ilícito y destinarlos a un fondo de reparación.

  1. Las prácticas de persecución y sanción se aplican sólo en los niveles inferiores de las redes criminales. Se debe tomar en cuenta la complejidad del delito en cuanto a organización, recursos disponibles, y relación con otros delitos: narcotráfico, lavado de dinero, delito cibernético, falsificación de documentos, fraude de visas, etc.
  1. Se debe generar mayor eficacia y un adecuado monitoreo en la implementación de acuerdos bilaterales y multilaterales.  Los marcos legales en el hemisferio deben ser homogenizados a través de una ley marco que responda a los estándares establecidos en los instrumentos internacionales sobre la materia.
  1. Generar mayor cooperación, colaboración y diálogo entre las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos, mediante la implementación de mecanismos para fortalecer las redes existentes, así como lograr mayor eficacia en su trabajo en conjunto, es un desafío pendiente.
  1. Se deben mitigar los factores culturales como la alta tolerancia y doble moral relacionada a la “demanda”, que facilitan la persistencia de este delito dentro de nuestras sociedades. Es importante criminalizar la demanda de bienes y servicios obtenidos mediante la explotación de las personas.
  1. Con respecto a la responsabilidad de las empresas, se debe:

a)    Incorporar medidas de regulación, control y sanción para empresas proveedoras de tecnología de la información y comunicación (TICS) que faciliten o integren parte del circuito de la trata de personas en sus diferentes fases: captación, explotación, venta, coacción y/o amenazas.

b)    Establecer responsabilidad penal y civil para empresas que permiten el uso de su actividad comercial para la facilitación del delito.

  1. Los procesos de sensibilización y formación deben ser institucionalizados, y se deben crear protocolos de actuación para los operadores de justicia, bajo códigos de ética y de conducta con un enfoque transversal de derechos humanos y género.
  1. Se debe mejorar la coordinación entre gobiernos centrales y locales, mediante el establecimiento de memorandos de entendimiento y convenios de cooperación u otros mecanismos de articulación para el fortalecimiento de la persecución del delito y la protección de las víctimas.
  1. La asignación de recursos económicos, materiales y humanos para la prevención y el procesamiento de la trata de personas debe ser incrementada para garantizar la cobertura y sostenibilidad de los esfuerzos.
  1. Existe poca información confiable sobre la magnitud del delito. Deben crearse sistemas nacionales y regionales de registro y seguimiento de casos de trata de personas.
  1. La investigación científica como herramienta importante en la persecución del delito debe ser fortalecida, dada su complejidad y dinamismo. 

Desafíos y recomendaciones que se presentan en las áreas de:  prevención del delito de trata de personas, protección y asistencia integral a las víctimas, con particular énfasis en la situación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, incluyendo estrategias de cooperación internacional.

Prevención:

  1. Las políticas públicas de prevención del delito deben ser multisectoriales e integrales, e incluir programas de incorporación laboral, y de acceso a la educación formal y vocacional de calidad para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad frente a la trata. Asimismo, debe incorporarse en la currícula de formación de los sistemas educativos  -policiales, judiciales y diplomáticos- el abordaje integral del delito.
  1. Se deben promover campañas de sensibilización y movilización ciudadana con la participación de actores no tradicionales, orientadas a educar a la población, para incrementar la denuncia y a dar a conocer los mecanismos de protección para víctimas y testigos.
  1. Redes de apoyo familiar y comunitario deben ser creadas, como medio de prevención y contención de los factores de riesgo, así como de generación de “factores protectores”, actuando en articulación con los sistemas locales de protección y con las instituciones públicas.
  1. Se deben crear programas de desarrollo local en las regiones o comunidades con mayor grado de marginación y probreza.

Asistencia

  1. De acuerdo con normas de DDHH, y tomando en consideración la voluntad de las víctimas, se deben brindar servicios apropiados a las mismas, quienes deberán ser acogidas en centros de protección y abrigo, con el financiamiento adecuado y servicios de apoyos integrales.
  1. Las víctimas de trata de personas deben ser reconocidas y tratadas como tales. El reconocimiento adecuado de las víctimas es esencial para la prestación de servicios. Se debe suministrar asistencia independientemente de la falta de documentación o cooperación en el procedimiento penal, por parte de las víctimas.
  1. Se deben suministrar servicios para facilitar la reincorporación y rehabilitación social y/o la repatriación segura preferentemente escuchando a la víctima, a fin de evitar la revictimización, y crear redes para el apoyo comunitario y familiar para evitar el aislamiento de las víctimas.

Protección

  1. Se debe contar con un sistema de protección integral (social y legal), para la restitución de los derechos de la víctima y la reparación del daño (garantía de no repetición, no re victimización, indemnización y reincorporación y rehabilitación social y familiar), sin la obligatoriedad de su colaboración en el proceso legal.
  1. En los países de tránsito y destino, se debe proporcionar protección integral sin criminalizar a las víctimas (incluyendo su status legal).
  1. Se deben impulsar e implementar leyes de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso legal, e incorporar dentro de las mismas la figura de la coadyuvancia.
  1. Dentro del sistema interamericano, se debe impulsar un convenio sobre reintegración local, repatriación y/o reasentamiento en un tercer país, que respete la libre elección, dignidad e integridad de la víctima, siempre y cuando el país de destino asegure las garantías de protección y asistencia exigidas por el protocolo de Palermo y en la Declaración de los Derechos de las Víctimas, ofendidos y testigos de este delito y otros delitos conexos.
  1. Un sistema de protección debe ser implementado para los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de trata de personas.

CONCLUSIONES FINALES.

Para la CATWLAC es necesario analizar los Planes Nacionales de Noruega y Suecia en donde se incluye una política transversal de igualdad de género y donde se devela el papel fundamental que juega la demanda como detonante de la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas.

Igual que los Estados Unidos representan para nuestra América Latina el mayor mercado para la droga, y ejercen fuertes presiones contra nuestros gobiernos para que combatan al narcotráfico, mientras que nosotras/os ponemos los alzados, los ejecutados y las ejecutadas, la personas civiles, niñas y niños, jóvenes, ejecutados, por los operativos conjuntos justificándolos como “daño colateral”, qué hace el país que representa el mayor mercado, sólo comprometerse en reducirlo un 15% en los próximos cinco años.

Lo mismo sucede con el mayor mercado para el sexo de paga en nuestra región, éste se encuentra en los Estados Unidos, y por eso las rutas más frecuentes apuntan hacia el norte de nuestro país, y, sin embargo, qué compromiso, acciones, programas se han implementado o puesto en marcha allende del Río Bravo para combatir la demanda.

Yo sueño con una sociedad donde las mujeres tengan sexo por placer y no por dinero.  Una sociedad justa, igualitaria, equitativa e incluyente, en donde se respeten los derechos de todas y todos y donde prevalezca la conciencia colectiva de la importancia de respetar la vida, la integridad y la seguridad tanto de los hombres como de las mujeres.  Y voy a seguir luchando por esta utopía.



[1][1] Ponencia Preparada para el Panel sobre Políticas Públicas y Legislación del Segundo Congreso Latinoamericano sobre Género, Derechos Humanos, Trata, Tráfico y Migración, Puebla, Pue., México, del 21 al 24 de septiembre de 2010.

[2] Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C.

 

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