Hace algunos días encontré en el periódico “El País”, una nota que en su encabezado decía “ambulantes, indigentes y prostitutas amparados en la Constitución de la Ciudad de México”.
Querámoslo o no, es una simulación más del gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera, quien ha emprendido una cruzada contra la trata de personas y en diversos foros presume tener el mayor número de detenidos y de sentencias en el país.
Y sí, en la sección que aborda los derechos de los trabajadores no asalariados se incluye el reconocimiento de los derechos de las “trabajadoras sexuales” como derechos de trabajadores no asalariados. También habla de vendedores fijos y semifijos y se establece como uno de sus derechos recibir capacitación para brindar en mejores condiciones sus servicios, y un fondo de retiro o pensiones.
Hay una serie de oficios y servicios que se brindan en la Ciudad de México que merecerían la calificación de trabajo no asalariado como la albañilería, la carpintería, la plomería, o los boleros; y hay otros que son más bien, medios marginales de sobrevivencia como limpiar parabrisas, tragafuegos, payasitos, malabaristas, entre otros. Se pueden considerar servicios o no.
El meollo del asunto es la calificación que se da a ciertas actividades y los intereses que se ocultan detrás de esta seudolegalización de la prostitución.
Muchos de los planteamientos que incluye el proyecto de Constitución de la Ciudad de México están condenados desde antes de su aprobación a convertirse en letra muerta: porque son muy ambiciosos, porque contravienen otros ordenamientos jurídicos como la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos o tratados internacionales ratificados por nuestro país; pero fundamentalmente porque lo que ahí se dice es un completo sin sentido.
Por ejemplo, yo me pregunto qué tipo de capacitación podría ofrecerle el gobierno de la Ciudad a las mujeres en situación de prostitución para que brinden “de mejor manera sus servicios sexuales” ¿sería acaso un curso de cómo poner el condón con la boca? ¿5 puntos para disfrutar el sexo anal?
Muchas mujeres en situación de prostitución han sido asesinadas en los cuartos de hotel a manos de sus prostituidores, y el mensaje que se manda con esta medida es que la libertad personal está por encima del concepto de bien común, ya que la prostitución es una institución profundamente patriarcal que ha permitido a lo largo de la historia el control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.
El Artículo 6 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) establece textualmente que:
“Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
Texto que es obligatorio para todos los poderes de la unión y para todos los niveles de gobierno pero que ignora el proyecto de Constitución enviado por el Jefe de Gobierno, a la Asamblea Constituyente.
¿Qué intereses hay detrás de esta propuesta? ¿La siguiente medida será cobrarles impuestos a las mujeres en situación de prostitución?
¿No se dan cuenta que lo único que van a propiciar son mayores niveles de violencia contra las mujeres, que aumente la prostitución y la trata en la Ciudad de México y la explotación sexual infantil como ha sucedido en Uruguay, Brasil y, ahora, en Colombia?
Como lo menciona la doctora Emérita de la Universidad de Massachusetts, Janice Raymond, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres Internacional, “los argumentos que se exponen a continuación van dirigidos a todas las formas de prostitución avaladas o respaldadas por el Estado, incluyendo, pero no limitándose a la legalización de los prostíbulos y del proxenetismo, la despenalización de la industria del sexo, la regularización de la prostitución a través de leyes que establezcan controles de salud obligatorios para las mujeres que están en la prostitución, o cualquier sistema que reconozca que la prostitución es un trabajo o la defienda considerándola una elección laboral…”
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Ø La legalización/despenalización de la prostitución es un regalo para los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución y de la industria del sexo promueve la trata con propósitos sexuales.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución no supone un control de la industria del sexo. La expande.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución aumenta la prostitución clandestina, ilegal y la prostitución de la calle.
Ø La legalización de la prostitución y la despenalización de la industria del sexo promueve la prostitución infantil.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución no protege a las mujeres que están en la prostitución.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución aumenta la demanda de la prostitución. Incentiva a los hombres a comprar a las mujeres por sexo en un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución no promueve una mejora de la salud de las mujeres.
Ø La legalización/despenalización de la prostitución no aumenta las posibilidades de elección de las mujeres.
Ø Las mujeres que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice o despenalice la industria del sexo.
Y es tan incongruente la propuesta constitucional para la Ciudad de México, que por un lado reputa la prostitución como trabajo no asalariado -cuando en ningún tratado de Derechos Humanos le reconoce esa categoría, sino todo lo contrario- y por otro, pone en grave riesgo los avances que el movimiento feminista y de mujeres han logrado en la Ciudad en el tema del aborto voluntario, que ni siquiera se menciona, como la interrupción legal del embarazo.
La Asamblea Constituyente tiene mucho que discutir y acordar, y a pesar de que es mayoritariamente ilegítima ya que sólo elegimos a 40 por ciento de las y los Constituyentes, nosotras las mujeres tenemos mucho que vigilar y exigir en la primera Constitución de la Ciudad de México.
Teresa C. Ulloa Ziáurriz
Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).