El miércoles pasado asistí a las supuestas mesas de diálogo convocadas desde la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de la que forma parte el diputado perredista Víctor Hugo Romo, también integrante de la corriente Nuevo Sol que encabeza Amalia García.

Estas mesas de diálogo se dieron bajo el esquema de parlamento abierto para promover políticas públicas sobre “trabajo sexual”, pero me di cuenta que no hay intención de debatir, que todo está bien preparado y fue poco lo que nos permitieron aportar a la discusión.

Además de Marta Lamas, tuvieron a una investigadora que habló por videoconferencia desde la Universidad de Harvard, hasta donde entendí tiene alguna vinculación con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), para hablar sobre los derechos laborales y el “trabajo sexual”.

¿De qué derechos hablan? Si el propósito de las mesas es generar políticas públicas, deberían partir de no mentir, de no engañar. La Organización Internacional del Trabajo define como “trabajo digno o decente”, aquél que conlleva la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.

Y yo me pregunto ¿cuál de estas características tiene la prostitución para adquirir la categoría de trabajo? ¿quién en situación de prostitución cuenta con un ingreso justo, o tiene seguridad en el lugar de trabajo? ¿Quién paga la protección social para las familias, prestaciones sociales, vacaciones pagadas, fondo de retiro, vivienda o salud? ¿Quién? ¿los clientes? No, porque se encarece el servicio. ¿El gobierno en quiebra o quién? en todo caso, estamos hablando de un modo marginal de sobrevivencia.

La próxima mesa es el miércoles 26 de octubre en Gante número 15, en el Centro Histórico, y esta vez será sobre trata y “trabajo sexual”. ¿Y si exigimos participación paritaria de las posturas que se debaten? porque existe una gran confusión entre las personas que participan en estos conversatorios, sobre trata y prostitución y si tienen vínculos o no.

Lo más triste fue ver que no escucharon a las sobrevivientes o a las personas en situación de prostitución; todas hablaron de que no tuvieron otra oportunidad o medio de sobrevivencia más que estar en la prostitución, que están buscando opciones de salida, que el Gobierno de la Ciudad de México no ha sido capaz, ni se ha interesado en ofrecerles otras oportunidades y que hay días que no tienen ni para comer.

Fue muy triste escucharlas hablar sobre las víctimas de delitos de transfobia y lo poco que una credencial que las reconoce como “trabajadoras no asalariadas” les puede garantizar; o de cómo son extorsionadas por la policía o los inspectores, por decir lo menos. Finalmente, detrás de la puerta, están solas frente al riesgo y la violencia.

Preocupantes las posturas de un colectivo de homosexuales que sostienen que “el género vino a complicar todo el negocio”, un discurso muy similar al de derecha. O el de un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que trabaja en el Programa contra el VIH, que se atrevió a asegurarme que la CNDH es reglamentarista -cosa difícil de creer- y que hace una clara distinción entre trata y prostitución.

Ninguno toma en cuenta que el “trabajo sexual” enmascara la trata y la explotación sexual infantil que se encuentran unidos por la demanda en el sistema prostitucional; que reglamentar no controla la industria del sexo, por el contrario, la expande y convierte a los tratantes y a los proxenetas o lenones en “hombres de negocios o empresarios”.

Reconocerlas como “trabajadoras no asalariadas”, como se pretende hacer en la Constitución de la Ciudad de México, tampoco las libra del estigma y la discriminación.  Una credencial no es garantía de nada, ni las defiende o ayuda frente a su familia, a su comunidad o a la sociedad entera, que sigue siendo profundamente patriarcal y discriminatoria.

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Qué ventaja puede darles la reglamentación, cuando el Artículo 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por México en 1951, establece que:

…Artículo 6
Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.

Escuché a Marta Lamas decir que la prostitución o “trabajo sexual” -como dice ella- es una actividad precarizada y un comercio nocivo. Me di a la tarea de tratar de entender qué es un mercado o comercio nocivo y encontré que Satz dice que … “el mercado puede considerarse “nocivo” por su origen: limitamos la libertad de disponer y contratar cuando los que contratan y disponen de los bienes no lo hacen por cuenta propia y hay razones para pensar que los titulares del interés objeto de disposición sufren elevados costes de agencia o son, en general, vulnerables. La segunda, cuando el mercado produce resultados “extremadamente perjudiciales” para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”

Aquí tendríamos que preguntarnos por qué se prohíbe a una persona disponer libremente de sus derechos (contratos usurarios, contratos de esclavitud, compromisos de no contraer matrimonio) o por qué determinadas transacciones no pueden implicar contraprestación (donación de sangre o de órganos) o por qué uno no puede obligarse por un tiempo demasiado largo (contratos “para toda la vida”) es un tema muy atractivo porque nos coloca en el centro de discusiones que se suponen socialmente importantes.

Este es el caso de la prostitución, el tráfico de órganos, los matrimonios forzados, las adopciones ilegales, entre otros, y la respuesta es muy sencilla, la dignidad, la integridad, la seguridad y la vida no son bienes jurídicos que estén disponibles, y por lo tanto nadie puede consentir su propia explotación.

Además y, en suma, la libertad individual está limitada por la libertad de las demás personas, porque produce efectos “extremadamente perjudiciales” para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”

Estamos promoviendo una iniciativa que hemos presentado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y esperamos que todas y todos los lectores de “Mujeres Cautivas”, nos puedan apoyar con su firma. La iniciativa está en el siguiente link:  https://www.change.org/p/a-las-diputadas-y-diputados-de-la-asamblea-constitutuyente-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-la-prostituci%C3%B3n-no-es-un-trabajo-es-un-sistema-de-explotaci%C3%B3n-patriarcal-y-violencia?recruiter=1909746&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog.

Habla, opina, no te quedes callada.

Teresa C. Ulloa Ziáurriz
Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).