Protesta Global contra la política de Amnistía Internacional que apoya la total despenalización del comercio sexual

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés), participa en la campaña mundial que culmina el próximo 23 de octubre con una protesta para exigir a Amnistía Internacional el respeto a los derechos humanos, principalmente de niñas, niños y mujeres víctimas de trata y formas contemporáneas de esclavitud.

A continuación se encuentra la Declaración Global que podrás firmar escribiendo un mail a directora@catwlac.org enviando tu nombre, correo electrónico y país.

Adicional a esto, puedes manifestarte en redes sociales con los hashtags:

#NoAmnistíaParaProxenetas y #NoAmnesty4Pimps

El link para obtener más información es (en inglés):
http://endsexualexploitation.org/noamnesty/

En twitter: @NoAmnesty4Women

EXIGIMOS A AMNISTÍA INTERNACIONAL QUE RESPETE LOS DERECHOS HUMANOS

 Considerando:

Que durante su Reunión del Consejo Internacional (RCI) celebrada en Dublín del 7 al 11 de agosto de 2015, los delegados de Amnistía Internacional debatieron y aprobaron la: “Política sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual que llama a los gobiernos a despenalizar totalmente lo que llaman “trabajo sexual”, incluyendo a proxenetas, dueños de burdeles y prostituyentes (quienes consumen sexo de paga); que Amnistía Internacional es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial cuya misión es defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece la indivisibilidad, inalienabilidad y universalidad de los derechos humanos, incluyendo el derecho de todo ser humano a vivir una vida digna y libre de violencia.

Que el llamado de Amnistía Internacional a despenalizar la prostitución, incluyendo proxenetas, dueños de burdeles y prostituyentes, es una violación directa a su misión y a las convenciones internacionales, principios de los derechos de las mujeres y derechos humanos, y a todos los esfuerzos para alcanzar la igualdad de género;

Quienes abajo firmamos, pertenecemos a organizaciones nacionales, internacionales, regionales y de base que proveen servicios directos de asistencia a mujeres que sufren violencia y discriminación, desde la prostitución a la violencia doméstica, la violación y la tortura por parte de actores estatales y no estatales, y que abogamos por leyes fuertes y políticas que promuevan los derechos de las mujeres. Colectivamente, hemos respondido y proveído servicios sociales, médicos, de abrigo, legales y de defensa a cientos de miles de mujeres alrededor del mundo atrapadas en los ciclos de violencia machista, incluyendo la prostitución;

Somos activistas por los derechos de las mujeres, feministas, sobrevivientes de prostitución y otras formas de violencia sexualizada, indígenas, castas bajas, pueblos originarios, “mestizas/os”, europeas/os y descendientes de europeas/os, africanas y africanos y de la diáspora africana, latinoamericanas/os y del Caribe; asiáticas/os y de las islas del Pacífico, de los seis continentes;

Estamos de acuerdo con Amnistía Internacional en que las personas prostituidas no deben ser penalizadas o sancionadas en ninguna jurisdicción. Sus vidas son devastadas por el severo estigma social y las graves violaciones a los derechos humanos inherentes a la prostitución, incluyendo violencia, acoso sexual, violación, deshumanización, degradación, tortura e incluso la muerte, a manos de los prostituyentes que pagan por prostituirlas, de los/as proxenetas, de los/as tratantes y de los/as actores estatales y no estatales;

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Creemos que la reducción de daños es necesaria como herramienta provisional para proteger y atender a las necesidades de las personas prostituidas. Sin embargo, la eliminación del daño a través de la legislación, un cambio de paradigma y un cambio social son la clave para combatir las raíces de las causas de la prostitución y de la explotación sexual.

ES POR ESO QUE, EN FORMA INEQUÍVOCA:

RECHAZAMOS la decisión de Amnistía Internacional de despenalizar al sistema de explotación sexual, que está basado en historias de opresión patriarcal, racismo, colonialismo, esclavitud, genocidio y naturalización de la violencia y la discriminación, principalmente contra mujeres, que son, en su inmensa mayoría, de color, en situación de pobreza, sin posibilidad de elegir y que han sufrido violencia sexual y económica, incesto, violaciones seriales, tortura, falta de vivienda y marginación socio-cultural.

RECHAZAMOS el uso del término “trabajo sexual” por parte de Amnistía Internacional, creado por la “industria” sexual y el lobby proxeneta y que es incompatible con el derecho internacional. La prostitución no es ni “sexo” ni “trabajo”, sino violencia y discriminación perpetuadas por los intereses multimillonarios de las redes del crimen transnacional organizado y sostenido por los prostituyentes, que pagan por prostituir. Es más, algunos gobiernos que han despenalizado la prostitución llegan a definir con el término “trabajador/a sexual” a quienes se encuentran en situación de prostitución, lo que lleva a incluir en la definición a proxenetas y dueños de burdeles y, por lo tanto, no se limitan solamente a la despenalización de las personas prostituidas.

RECHAZAMOS la pretensión de Amnistía Internacional de que despenalizar la prostitución es una decisión informada, cuando no hace mención a investigaciones o estudios en un marco jurídico y legal más amplio relacionado con la prostitución, así como a sus bien documentadas consecuencias. Amnistía Internacional también se niega a examinar los fracasos de la despenalización de la prostitución en países como Alemania, Holanda y ciertos estados de Australia, Nueva Zelanda y otras jurisdicciones.

RECHAZAMOS que la posición de Amnistía Internacional contra la pena de muerte sea comparable a su posición con respecto a la despenalización de la prostitución. Votar una resolución que hace un llamado a los Estados a no condenar a sus ciudadanas/os a la muerte, en concordancia con los principios de derechos humanos, es algo bastante alejado de urgir a los gobiernos a permitir la explotación sexual a través de la despenalización de los proxenetas, dueños de burdeles y prostituyentes.

LLAMAMOS A:

Que Amnistía Internacional se posicione en solidaridad con las personas prostituidas, sin importar el género o su identidad sexual, y a instar a los gobiernos a despenalizar a esas personas en todas las jurisdicciones. De permanecer en su posición actual y como resultado de polémicos debates entre sus delegados en Dublín, el llamado de Amnistía podría habilitar a ciertos gobiernos a penalizar a las personas prostituidas, mientras exonera a prostituyentes y proxenetas;

Que Amnistía Internacional consulte con nosotras/os, expertas/os en derechos de las mujeres e igualdad de género. Muchas/os de quienes abajo firmamos somos sobrevivientes de prostitución y/o lesbianas/bisexuales/transgénero o miembros de organizaciones al servicio de esa población. Amnistía Internacional no tiene legitimidad para hablar en nuestro nombre en su justificación de respaldar a la prostitución y a la explotación del sistema prostituyente;

Que Amnistía Internacional consulte con profesionales de la salud e investigadoras/es más allá del sector de prevención del VIH/SIDA y que reúna datos sobre los profundos daños físicos, psicológicos y traumáticos, incluyendo la muerte, que los prostituyentes y proxenetas infligen en seres humanos, especialmente mujeres;

Que Amnistía Internacional defienda su misión haciendo un llamado a los gobiernos para que fortalezcan la implementación del Protocolo de Palermo, la Convención de 1949, la CEDAW y otros instrumentos legales que reconocen la explotación de la prostitución;

Que las personas integrantes de Amnistía Internacional desafíen a las/os líderes de su organización y les exhorten a adoptar una resolución que inste a los Estados a invertir en la igualdad de género, combatir la violencia contra las mujeres y la aprobación de leyes que despenalicen únicamente a las personas prostituidas y que penalice a los prostituyentes que pagan por prostituirlas, modelo conocido como “Modelo Nórdico” o “de la igualdad”.

Si Amnistía Internacional adopta una política que insta a despenalizar a proxenetas, dueños de burdeles y prostituyentes, urgimos a los gobiernos y a la sociedad civil a rechazarla sin reservas. Como comunidad internacional, debemos compartir una visión de igualdad y luchar por un mundo donde las personas más vulnerables estén protegidas de las violaciones a los derechos humanos.

#NoAmnistíaParaProxenetas

#NoAmnesty4Pimps

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