Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre permanece en la impunidad y le apuesta a la complicidad de las autoridades

Con motivo de la reciente nota aparecida en diversos medios de comunicación, acerca de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado dar un plazo de cinco días naturales a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (CNJP) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que resuelva si expulsa en definitiva o exonera (es decir, que resuelva el procedimiento sancionador) al ex presidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por hacer uso de recursos públicos para una presunta red de prostitución a su servicio, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, (Catwlac, por sus siglas en inglés), hace del conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

  1. Exigimos a la CNJP del PRI-DF acate la resolución del TEPJF, toda vez que dicho instituto político, en su afán de proteger al señor Gutiérrez de la Torre, no sólo ha ignorado sus propios estatutos, sino que ha dejado pasar prácticamente un año sin emitir un fallo en torno al recurso de expulsión, presentado por su propia militancia.
  2. No conforme con esto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, ha sido aval de más de una decena de candidaturas a diversos puestos de elección popular, cuyos titulares se encuentran claramente identificados con Gutiérrez de la Torre e involucrados en distintas polémicas, o incluso tienen vigentes distintos procedimientos legales en su contra. Tal es el caso de Guillermina de la Torre, madre de Gutiérrez de la Torre (por mencionar sólo un ejemplo), cuya opaca reputación y goce de impunidad es por todas las personas conocida.

Por otro lado, y a propósito de que el pasado 28 de febrero el Séptimo Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió otorgar el amparo de la justicia federal a Gutiérrez de la Torre, (con lo que se le otorga un término de 30 días a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, para determinar si ejercita la acción penal o remite al no ejercicio la averiguación previa iniciada en su contra por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), queremos expresar nuestra más enérgica protesta, toda vez que la CATWLAC promovió un amparo para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) la atracción del caso –por su relevancia social-, en tanto los partidos políticos son instituciones de interés público, que se financian en gran medida con los impuestos que pagamos las y los ciudadanos.

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De igual manera, la PGJDF sigue negándose a radicar las denuncias de las víctimas en la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Trata de Personas y, en cambio, las tiene radicadas en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales, sin importar la naturaleza del delito en cuestión y sin tomar en cuenta que dichos delitos se persiguen de oficio.

Con estas acciones queda demostrado de qué lado está la justicia y cómo se está protegiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por lo que esperamos que en sus futuras actuaciones, tome en cuenta a las víctimas y sus derechos, más que a los propios delincuentes.

CP-006-15

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