A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, no cabe duda de que los indicadores más actuales aportados por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil dan la razón a quienes hemos sostenido que la igualdad de género está muy lejos de conseguirse, a pesar de las cifras alegres que los gobiernos se empeñan en presumir.

Nada menos que hace unos días, el Gender Gap Index señalaba que serán necesarios 118 años para cerrar por completo la diferencia económica entre hombres y mujeres, pero además, que ningún país del mundo ha logrado la igualdad salarial.

Este solo dato habla de la situación de desventaja que prevalece para mujeres jóvenes y adultas, ya que además deben enfrentarse a políticas económicas sumamente restrictivas y un acceso muy limitado a la educación o servicios básicos, muy a pesar de que se trata de derechos humanos consagrados hace décadas por la mayoría de los países a nivel global.

Por ello, y dada la creciente vulnerabilidad de mujeres y niñas, no debería extrañarnos que sean justamente ellas las víctimas principales de desaparición no voluntaria en México y Latinoamérica, ya que el crimen organizado ha encontrado en la trata y la explotación sexual una de sus principales fuentes de ingreso.

No obstante, además de la violencia sistemática que padecen las víctimas de trata y explotación sexual, poco se habla de la revictimización de la que son objeto a manos de las mismas instituciones que deberían procurarles justicia, protección, reparación del daño y una vida libre de violencia.

Un ejemplo claro de lo anterior es la asistencia material y protección que deben recibir las víctimas a través del fondo destinado a cubrir sus necesidades.

Como sabemos, una niña o mujer que ha sido previamente secuestrada, golpeada, abusada sexualmente, sometida mental y físicamente y explotada, lleva consigo una serie de secuelas a largo plazo y altos riesgos cuando está involucrada la delincuencia organizada. Las que logran sobrevivir y no son víctimas de feminicidio, no cuentan con posibilidades económicas propias para reconstruir su autoestima, aliviar sus padecimientos físicos, solventar gastos básicos de sobrevivencia, seguir estudiando o conseguir un trabajo y hacer un nuevo proyecto de vida.

Y a pesar de que se puede alegar que ya existe un fondo destinado a apoyar a las víctimas para cubrir sus necesidades básicas (ante una terrible realidad que ellas no buscaron), resulta que el titular de la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) o los consejeros de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) administran los recursos a partir de criterios burocráticos y rígidos, de tal modo que las víctimas no puedan acceder al fondo de emergencia, como si el dinero fuera de ellos y no de y para las víctimas.

Aquí el punto es que un fondo público destinado a apoyar a las víctimas está siendo manejado como si proviniera de los bolsillos de las y los propios funcionarios, a quienes hay que darles innumerables explicaciones para que al final nieguen el apoyo.

Ocurre por ejemplo que en SEIDO, el nuevo titular -que asumió el cargo recientemente- decidió cancelar los apoyos a víctimas sin mediar explicación alguna y, peor aún, sin haberse tomado la molestia de indagar por qué esos apoyos habían sido previamente autorizados. A los nuevos funcionarios de la PGR les pareció muy fácil borrar todo de un plumazo, sin importar los riesgos sobre la vida de las víctimas, su integridad y su seguridad.

Como era de esperarse, las víctimas que ya cargaban el peso de un sistema de justicia que solo funciona para quienes tienen poder, recibieron la noticia de que ya no cuentan con el apoyo material y económico que por ley les corresponde.

Estas dos instituciones olvidan (o desconocen) que las víctimas de trata se encuentran en medio de procedimientos jurídicos de alto riesgo en los que no es difícil que las sigan, amenacen e incluso las agredan o intenten matarlas, por lo que salir a la calle a buscar empleo no implica los mismos riesgos que para una persona normal. Más aún, una despensa de la Conasupo o un refugio no son alternativas para integrarse a la sociedad.

Cuando se cancela, niega, marchantea o jinetea un recurso económico en este contexto, estamos hablando, sí, de una revictimización institucional, pero es todavía peor que tales decisiones pongan a las víctimas en riesgo de caer nuevamente en la boca del lobo de la que algún día fueron rescatadas.

Es decir, un Estado responsable -por acción, omisión o complicidad- de fenómenos como la trata de mujeres y niñas, se vuelve doblemente violento cuando tampoco se encarga de intentar compensar el daño en una mínima parte.

Así que, cuando escuchemos a las y los funcionarios acerca de lo muy interesados que se encuentran en combatir la violencia de género, no olvidemos que en los hechos muchos de ellos no tienen idea de la violencia que aplican hacia aquellas que dicen defender.

Teresa Ulloa Ziáurriz
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés)

Twitter: @catwlacdir
Fb: Catwlac Directora